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También examina si su principal directivo en España tributó por un bonus especial del sector, el llamado carried interest. Es decir, si declaró las ganancias como rentas del capital (que hasta 2022 tributaba a un máximo del 27%) y no como rentas del trabajo (que podían llegar casi al 50% en función de la comunidad autónoma del contribuyente), tal y como impone la legislación española. Fuentes próximas al fondo indican que De Jaime sí pagó como rentas del trabajo.

Reinstalación al ejercicio de la abogacía y de la notaría, condicionado a la prestación de una fianza notarial.

Por ello, según han informado fuentes jurídicas a este periódico, Anticorrupción está estudiando los argumentos jurídicos plasmados en las resoluciones del alto tribunal para saber hasta qué punto puede afectar o no a las pesquisas iniciadas el año pasado, ya que fue Hacienda, con la información que se incautó en la sede de CVC, la que puso al fondo en el foco de los fiscales.

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Obligaciones y contratos: Continuidad en el empleo constituye una forma válida de consentir tácitamente a un acuerdo de arbitraje, por lo que no será necesario para su validez que el acuerdo de arbitraje esté firmado por las partes.

En definitiva, ambas disciplinas son lo suficientemente distintas como para tener sus propios ámbitos de aplicación, pero eso no significa que no sean complementarias: a menudo lo son.

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Derecho Probatorio: El privilegio contador público autorizado – cliente dispuesto en la Regla 504 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, aplica a personas jurídicas y les otorga el privilegio de rehusar revelar o impedir que otra persona revele, las comunicaciones confidenciales habidas entre sus oficiales y los contadores públicos autorizados de los cuales obtuvo servicios profesionales. Lo determinante para la aplicación de este privilegio no es la calidad en la que el contador público autorizado lleva a cabo las gestiones profesionales a favor de la persona jurídica, sino que esa comunicación interna contenga evaluaciones profesionales de índole confidencial a favor del cliente y que sean realizadas dentro de un marco de confidencialidad que muy difícilmente pudiera presumirse que tenía el fin de ser divulgada a terceras personas.

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La decisión del pasado viernes de la Corte Suprema dejó sin efecto una tradición legal de casi 50 años en la que el aborto period considerado como un derecho constitucional en Estados Unidos.

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Un estudio de la Universidad de Chicago mostró que las decisiones de la Corte desde entonces se volvieron también más propicias a favorecer conceptos y temas religiosos sobre lo que antes se consideraban libertades individuales.

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